El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) encendió las alertas por la reactivación del proyecto hidráulico conocido como “Presa Margarita Maza”, que autoridades estatales y federales presentan como la gran solución al problema de agua en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Según OCCAMA, este plan —antes llamado “Paso Ancho”— trae consigo omisiones técnicas, sociales, ambientales y legales que lo vuelven cuestionable desde su origen.

🚨 Las principales críticas

  • Sin transparencia ni consulta pública: denuncian que la obra arrancó sin un proceso real de participación ciudadana ni información clara.
  • Datos contradictorios: mientras la Comisión Nacional del Agua había anunciado 4,600 millones de pesos de inversión, ahora el costo subió a más de 7,800 millones.
  • Adjudicación directa: los estudios técnicos y de anteproyecto fueron entregados a la empresa FRO Ingenieros, pero no hay pruebas de que se cumplieran los requisitos legales básicos, como la Manifestación de Impacto Ambiental ni la consulta libre e informada a comunidades.

🏗️ ¿Qué contempla el proyecto?

  • Una presa.
  • Un acueducto de más de 100 km.
  • Una planta potabilizadora.
  • Redes de distribución para la capital.

OCCAMA asegura que, aunque la obra suena ambiciosa, el gobierno estatal no ha mostrado análisis públicos de costo-beneficio, ni un diálogo serio con comunidades y pueblos originarios que podrían verse afectados.

🌱 Alternativas que ya existen

El observatorio recuerda que hay opciones más sostenibles que han funcionado en comunidades:

  • Cosecha de lluvia.
  • Riego eficiente.
  • Revegetación.
  • Saneamiento ecológico.

Además, señalan que antes de lanzar un megaproyecto, debería resolverse algo básico: reparar las redes de agua en la ciudad, que hoy desperdician casi el 50% del líquido disponible.

📢 Llamado a las autoridades

OCCAMA destacó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que proyectos de esta magnitud deben incluir consultas previas y estudios serios cuando afectan a territorios indígenas. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado con claridad a las comunidades que estarían en la zona de impacto de la presa, el acueducto o la planta potabilizadora.

Por eso, el observatorio pide abrir un diálogo transparente, garantizar el acceso real a la información y respetar los marcos legales nacionales e internacionales, como el artículo segundo constitucional y el Acuerdo de Escazú.