• El desplazamiento arbitrario, así como el impedimento para retornar de personas y familias
  desplazadas se tipifica como un delito penal
• El documento fue construido tomando en cuenta la cosmovisión y el sentir de las
  comunidades indígenas y afromexicanas
• Resaltan que este proyecto es el fruto de la construcción colectiva
  San Raymundo Jalpan, Oax., a 09 de diciembre de 2024.- La LXVI Legislatura
  local recibió la iniciativa de ley para prevenir, atender y reparar integralmente el
  desplazamiento forzado interno en el Estado suscrita por el Gobernador de Oaxaca,
  Salomón Jara Cruz, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de todas
  las personas de la entidad.
  El proyecto fue entregado por la coordinadora para la Atención de los Derechos
  Humanos del Gobierno del Estado, Flor Estela Morales, quien resaltó que es único
  en todo el país porque fue elaborado tomando en cuenta la cosmovisión de las
  comunidades indígenas y afromexicanas que viven en desplazamiento forzado, con
  un total de 52 foros de consulta realizados con el apoyo de un equipo
  multidisciplinario en las ocho regiones de la entidad.
  También expuso la funcionaria estatal que el documento fue nutrido con el diálogo
  y la escucha activa de las infancias y adolescencias, la participación de las
  autoridades municipales, las y los representantes agrarios, organizaciones de la
  sociedad civil, tatamandones, las personas víctimas y las poblaciones de acogida.
  Destacó que uno de los puntos claves es que el desplazamiento arbitrario, así como
  el impedimento para que personas y familias desplazadas puedan retornar se tipifica
  como un delito penal
  Comentó que durante el proceso de integración se contó con el acompañamiento
  de las oficinas del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados
  (ACNUR) en México, y de Derechos Humanos (ONUDH), así como de la
  Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también de las instituciones
  estatales como la Secretaría de Gobierno (Sego); la Secretaría de Interculturalidad,
  Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA); y la Fiscalía General
  del Estado de Oaxaca (FGEO).
  Al respecto, el representante del ACNUR en México, Giovanni Lepri, resaltó que
  esta ley es el fruto de la construcción colectiva “hay pocas leyes que han sido
  construidas mediante la consulta informada, resultado de un proceso participativo y
  respetuoso con las comunidades beneficiarias”