San José del Progreso, Oaxaca – Autoridades municipales y agrarias integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos advirtieron que la reciente venta del proyecto minero San José podría intensificar la contaminación ambiental y agravar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en los Valles Centrales de Oaxaca.
A través de un comunicado, denunciaron que el pasado 14 de abril, la empresa canadiense Fortuna Mining transfirió el proyecto a la compañía peruana JRC Ingeniería y Construcción SAC, sin asumir los pasivos ambientales acumulados durante más de diez años de operación por parte de su filial Minera Cuzcatlán.
Las comunidades afectadas aseguran que la actividad minera ha provocado graves afectaciones al agua, generado conflictos comunitarios, agresiones a defensores del territorio, amenazas e incluso asesinatos, supuestamente con la complicidad de autoridades estatales y federales.
Asimismo, recordaron que en 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó una Manifestación de Impacto Ambiental Regional por 12 años, pese a que las comunidades presentaron argumentos técnicos que demostraban la inviabilidad del proyecto. Según el Frente, este permiso fue concedido mediante un proceso opaco y lleno de irregularidades.
Otro motivo de alarma son los sobrevuelos de helicópteros registrados entre enero y abril de 2025 en comunidades como Los Ocotes, El Vergel, Coatecas Altas y San Nicolás Yaxe, realizados sin consulta ni consentimiento de las autoridades locales, lo cual consideran una violación a sus derechos colectivos.
Ante estos hechos, el Frente exigió al Juzgado Primero de Distrito que haga cumplir la resolución judicial del 5 de diciembre de 2023, que ordena suspender cualquier actividad minera en territorios de régimen agrario mientras se revisan las concesiones otorgadas por el gobierno federal.
En su mensaje final, las comunidades hicieron un llamado urgente a los gobiernos estatal y federal para frenar la operación de la nueva empresa minera y reiteraron su rechazo rotundo a cualquier proyecto extractivo que no cuente con el consentimiento comunitario.
“Ni oro, ni plata: la minería mata. Aquí decimos sí a la vida, no a la minería”, concluye el comunicado, firmado por autoridades de más de una docena de comunidades, entre ellas Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Coatecas Altas, Santa Catarina Minas y San Pablo Güilá.