Oaxaca, Oax. – A pesar de ser uno de los estados con mayor incidencia de asesinatos contra actores políticos, la mayoría de los funcionarios públicos en Oaxaca operan sin equipos de seguridad, una situación que pone en evidencia la vulnerabilidad del aparato gubernamental frente a la violencia política.
Según datos oficiales y de organizaciones civiles, únicamente los titulares de instituciones relacionadas con la seguridad pública cuentan con escoltas o dispositivos de protección. El resto de los funcionarios del gobierno estatal recurre únicamente a sus colaboradores más cercanos para realizar recorridos en las distintas regiones del estado, a pesar del alto riesgo.
Datos de la organización civil Causa en Común revelan que en 2022 se registraron 6 mil 217 atrocidades en todo el país, de las cuales 65 fueron asesinatos de actores políticos. Oaxaca reportó 185 casos, con cuatro homicidios políticos. En 2023, la situación no mejoró: se contabilizaron 6 mil 378 atrocidades a nivel nacional y 44 asesinatos políticos; Oaxaca sumó 182 casos, con nueve asesinatos de esta índole.
Durante 2024, las cifras nacionales indicaron un total de 4 mil 708 atrocidades y 66 asesinatos de actores políticos. En Oaxaca, los números permanecieron elevados, con 163 casos, incluidos cinco homicidios de figuras políticas.
La tendencia se mantiene en 2025. En el primer trimestre del año, de los siete asesinatos políticos documentados en el país, tres ocurrieron en Oaxaca, lo que representa una alarmante concentración de violencia en una sola entidad.
A pesar de este panorama, las medidas de protección para quienes integran la administración pública siguen siendo mínimas. Especialistas advierten que la falta de protocolos de seguridad podría estar incentivando la repetición de estos crímenes, al enviar un mensaje de impunidad y desprotección.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad han hecho un llamado urgente a los gobiernos federal y estatal para fortalecer las estrategias de prevención y protección hacia actores políticos, especialmente en regiones con altos índices de violencia, como Oaxaca.