Más de la mitad de la población en 559 municipios indígenas vive en pobreza extrema; Oaxaca concentra casi la mitad de estos casos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lanzó un llamado urgente a las autoridades para intervenir con políticas públicas eficaces en municipios con alta presencia indígena, donde la pobreza extrema afecta a más del 60% de su población.
En su más reciente informe “Pobreza y Población Indígena en México”, publicado en marzo, Coneval revela que 559 municipios con población mayoritariamente indígena enfrentan condiciones críticas de pobreza extrema, lo que significa que más de la mitad de sus habitantes no cuenta con ingresos suficientes ni siquiera para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas.
De estos municipios, el 48.48% se encuentran en Oaxaca, lo que convierte a esta entidad en el epicentro de esta problemática. En total, 271 de los 570 municipios oaxaqueños presentan niveles alarmantes de pobreza en comunidades indígenas, donde más del 60% de la población vive en estas condiciones.
El estudio advierte que esta situación no solo compromete la supervivencia de las comunidades, sino que también limita su participación social, económica, política y cultural en la vida nacional.
Los municipios indígenas más afectados se concentran en siete estados del país: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Yucatán (en el sur); Chihuahua y Nayarit (en el norte); y Zacatecas (en el centro).
Coneval precisa que la pobreza extrema implica no solo un ingreso insuficiente, sino también la presencia de al menos tres de seis carencias sociales, lo que agrava la marginación de estos grupos.
De manera más crítica, el informe destaca que cuatro municipios —tres en Oaxaca y uno en Guerrero— registran más del 80% de su población en pobreza extrema. Estos son Cochoapa el Grande (Guerrero), y Coicoyán de las Flores, San Simón Zahuatlán y Santiago Amoltepec (Oaxaca), todos con predominancia indígena.
Coneval reitera que la atención urgente a estos municipios es esencial para reducir la desigualdad y garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, históricamente marginadas en el país.