Oaxaca, Oax. – La familia del diputado local por el Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, Dante Montaño Montero, fue vinculada a un presunto despojo inmobiliario que durante casi dos décadas mantuvo fuera de su legítimo dueño a un predio de alto valor ubicado en el municipio de Tlalixtac de Cabrera.

De acuerdo con el expediente 84/2012 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el predio, de 2,475 metros cuadrados y con construcciones de lujo, fue adquirido de manera irregular a través de una simulación de compraventa y la cesión apócrifa de supuestos derechos parcelarios. El inmueble, valuado en aproximadamente 35 millones de pesos, permanece en posesión de la familia del legislador desde 2005.

La sentencia, emitida desde el 23 de octubre de 2017, reconoce como legítimo propietario al demandante identificado como R.F.D.A. y ordena la devolución del inmueble con todos sus frutos y accesiones. No obstante, los involucrados –Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo, señalados como prestanombres de los padres del diputado– no han cumplido con el mandato judicial.

En un primer intento de apropiación, la familia Montaño Montero recurrió a una simulación de compraventa con documentos notariados por el licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Público número 19 del estado. Posteriormente, buscaron legitimar la ocupación del predio mediante una cesión ficticia de “derechos parcelarios”, firmada por los padres del legislador, Heladio Jacobo Montaño Márquez y Josefina Montero Garnica.

Sin embargo, la jueza María Aurora Rivera Soriano desestimó la validez legal de dichos documentos, al considerar que no se enmarcan en lo establecido por la Ley Agraria y que el predio en disputa se encuentra plenamente registrado como propiedad privada, no comunal.

Frente a la negativa de los demandados de devolver el inmueble de forma voluntaria, la autoridad judicial ordenó recientemente la ejecución forzada de la sentencia, con auxilio de la fuerza pública, confirmando que los intentos de justificar la posesión mediante el argumento de “régimen comunal” carecen de fundamento legal.

La parte afectada también ha solicitado la reparación del daño, tanto por la ocupación prolongada como por la inversión realizada en el predio sin su consentimiento.

Este caso pone nuevamente en el centro de atención las prácticas irregulares relacionadas con la tenencia de la tierra en Oaxaca, donde se mezclan influencias políticas, uso de prestanombres y simulaciones jurídicas para apropiarse de bienes privados, afectando gravemente los derechos de los legítimos propietarios.