A casi siete años de la resolución del Poder Judicial de la Federación que obliga a los tres órdenes de gobierno a rescatar los ríos Atoyac y Salado en Oaxaca, el municipio de Oaxaca de Juárez y el Gobierno del Estado anunciaron una inversión conjunta de 214 millones de pesos para rehabilitar los colectores de la red sanitaria que cruzan el río Atoyac.
El presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva detalló que el Gobierno estatal destinará 157 millones de pesos, mientras que el ayuntamiento aportará 57 millones provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), recurso que será canalizado casi en su totalidad al rubro de saneamiento y agua potable.
El anuncio se da en medio de crecientes críticas de la sociedad civil organizada, que ha cuestionado la falta de acciones concretas para rescatar ambos afluentes. La asociación civil Ecosistemas y Paisajes reveló que hasta abril de este año se contabilizaron al menos 59 descargas de aguas residuales en distintos tramos del Atoyac y el Salado, afectando cerca de 90 kilómetros desde Telixtlahuaca hasta Santa Ana Tlapacoyan.
Asimismo, el Observatorio Comunitario/Ciudadano del Agua y del Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA), que agrupa a más de 30 organizaciones sociales y académicas, lamentó que, si bien existen propuestas diversas para atender la problemática, estas han sido aplicadas de manera aislada y sin una estrategia coordinada.
Por su parte, la asociación Litigio Estratégico Indígena —promotora del amparo que derivó en la sentencia judicial de 2018— advirtió que el rescate de los principales ríos oaxaqueños continúa paralizado debido a la inacción de autoridades ambientales federales y estatales. Denunciaron además que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han limitado sus informes a acciones mínimas o meramente cosméticas.
A pesar de este nuevo anuncio de inversión, organizaciones civiles insisten en que se requiere una intervención integral, transparente y con participación ciudadana para lograr un verdadero saneamiento de los ríos Atoyac y Salado, cuya contaminación lleva décadas afectando al medio ambiente y la salud pública en los Valles Centrales.