Ciudad de México, 27 de junio de 2025 — El crimen organizado se consolidó como la principal causa de desplazamiento interno forzado en México durante 2024, según revela el informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México, presentado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El estudio documenta al menos 28,900 personas desplazadas a lo largo de 72 eventos en 13 estados del país, lo que representa un incremento del 129% respecto a las cifras reportadas en 2023. Las entidades más afectadas fueron Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, aunque también se registraron casos en Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz.
Chiapas, epicentro de la crisis
El estado de Chiapas concentró el mayor número de personas desplazadas, con 17,860 víctimas en 20 eventos, principalmente en comunidades fronterizas con Guatemala. Según las investigadoras Eugenia Morales y Renata Vadillo, el 79% de los desplazamientos estuvieron vinculados con violencia directa, amenazas y ataques armados cometidos por grupos criminales.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Carmen, una mujer desplazada junto a su hijo:
“Nos sacaron de nuestra casa las mismas personas que mataron a mi esposo. Mi hijo vio cómo lo asesinaban frente a nosotros”, narró entre lágrimas.
Sin política federal integral ni cifras oficiales
El informe también destaca la ausencia de una política federal integral para atender el desplazamiento interno, así como la falta de cifras oficiales consolidadas. Si bien algunos estados como Michoacán y Chihuahua han adoptado leyes y protocolos específicos, los esfuerzos siguen siendo dispersos y limitados.
Durante la presentación del informe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, participaron Rodrigo Jiménez, del Consejo Nacional de Población (CONAPO), y Daniel MacGuire, oficial de protección de ACNUR. Ambos coincidieron en la urgencia de abordar el fenómeno con enfoque de derechos humanos y una mejor coordinación interinstitucional.