Lo que debía ser una jornada pacífica de elección comunitaria en San Agustín de las Juntas, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, terminó en violencia este domingo, dejando un saldo de 15 personas lesionadas y tres detenidas.

La asamblea, realizada bajo el sistema de usos y costumbres, se vio interrumpida cuando grupos rivales comenzaron a enfrentarse en plena explanada municipal. En cuestión de minutos, el ambiente de participación ciudadana se transformó en caos: hubo empujones, golpes, patadas y hasta sillazos.

Videos que circulan en redes sociales muestran la tensión del momento y la manera en que los asistentes intentaron protegerse de los ataques. Entre los heridos se reporta de forma extraoficial al presidente municipal Daniel Hipólito Aquino, aunque las autoridades no han confirmado su estado de salud.

La asamblea fue suspendida por seguridad, lo que contrastó con los reportes oficiales previos que hablaban de una jornada electoral tranquila en los 38 municipios que participaron en el proceso de renovación de autoridades por Sistemas Normativos Internos.

Horas antes, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) había informado que las elecciones se desarrollaban sin incidentes, resaltando el clima de diálogo impulsado por el gobernador Salomón Jara Cruz. Sin embargo, los hechos en San Agustín de las Juntas evidenciaron fallas en la prevención de conflictos locales y la necesidad de reforzar la mediación política.

Tras el enfrentamiento, elementos de la Policía Estatal intervinieron para controlar la situación y detuvieron a tres personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El titular de la Sego, Jesús Romero López, reiteró que cualquier acto que vulnere la paz social será sancionado conforme a la ley.

Actualmente, la Fiscalía de Oaxaca mantiene abierta una investigación para deslindar responsabilidades y garantizar que los procesos comunitarios se desarrollen en condiciones de respeto y seguridad. Mientras tanto, habitantes y autoridades locales exigen mayor acompañamiento institucional para evitar que la violencia empañe los sistemas normativos indígenas, reconocidos por su valor cultural y democrático.