El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) hizo un llamado urgente a las autoridades de Oaxaca para regular la actuación policial en operativos de control vehicular, como los alcoholímetros, después de confirmarse que el joven estudiante Diego Ignacio Paz fue víctima de una ejecución extrajudicial por policías de Santa Lucía del Camino en agosto de 2024.
La organización también exigió que se finquen responsabilidades al gobierno municipal encabezado por Juan Carlos García Márquez, luego de que la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reveló que Diego Ignacio fue asesinado por elementos de seguridad sin ninguna razón, mientras que otro estudiante que lo acompañaba fue torturado.
“A poco más de un año lamentamos la falta de actuación de la Fiscalía y de las autoridades municipales en este caso, que involucra la detención arbitraria, tortura y asesinato de un estudiante universitario”, señaló Código DH.
La organización destacó la necesidad de implementar protocolos claros en operativos alcoholímetros, limitando la función policial a salvaguardar la integridad de los ciudadanos, sin uso excesivo de la fuerza y nunca armas de fuego, ya que la ingesta de alcohol constituye una falta administrativa, no un delito.
Los peritajes realizados a los estudiantes demostraron que ninguno tenía sustancias etílicas o drogas, lo que evidencia que el actuar de la policía fue arbitrario y violando sus propios protocolos.
Código DH reiteró su llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al municipio de Santa Lucía del Camino para que esclarezcan los hechos, finquen las sanciones penales correspondientes a los policías involucrados y den justicia a las víctimas.