El caso de la soldado Stephany Carmona Rojas, asesinada el 15 de octubre dentro de las instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero, continúa generando indignación y exigencias de justicia. Aunque el principal sospechoso, el sargento segundo Yair Manuel “N”, fue vinculado a proceso tras su captura el 18 de octubre, los cargos presentados hasta ahora no son por homicidio, sino por faltas militares.

Las autoridades informaron que el proceso actual se centra en los delitos de desobediencia por servicios con armas y desobediencia en actos de servicio, considerados de competencia militar. En cambio, el delito de homicidio corresponde al fuero civil, por lo que la investigación en esa línea aún no ha avanzado.

Familiares de Stephany Carmona denunciaron que la orden de aprehensión por homicidio todavía no ha sido liberada, aunque reconocieron que la prisión preventiva justificada impuesta al sargento impide que vuelva a fugarse, como ocurrió tras el crimen.

Yair Manuel “N” fue capturado en Llano Largo, una zona del puerto de Acapulco, tras permanecer prófugo durante tres días. Su detención se logró gracias a la difusión de sus características en grupos de mensajería y boletines internos que circularon entre personal militar y corporaciones de seguridad.

La muerte de Stephany Carmona, quien era originaria de Ajalpan, Puebla, ha provocado una fuerte reacción en redes sociales y entre autoridades locales. El Gobierno Municipal de Ajalpan exigió una investigación transparente, sin encubrimientos ni impunidad, mientras que compañeras de la víctima denunciaron que dentro del batallón ya existían antecedentes de acoso laboral y sexual hacia mujeres.

Mensajes que habrían sido escritos por la propia Stephany en redes sociales revelan que había reportado hostigamiento previo y que incluso fue amenazada con arresto si formalizaba una queja. Estas revelaciones han reforzado los reclamos de colectivos feministas y voces dentro del Ejército que piden revisar las condiciones de seguridad y protección de las mujeres dentro de las fuerzas armadas.

El caso continúa bajo observación tanto del fuero militar como del civil, mientras familiares y organizaciones exigen que el homicidio no quede impune y que se garantice justicia integral para Stephany Carmona.