El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha estado ocupado… quién sabe en qué, pero ocupado. Lo suficiente como para que se le haya pasado entregar el presupuesto del 2023 en los tiempos que marca la Constitución local. Por ello, el Congreso del Estado aprobó un juicio político en su contra.
De acuerdo con La Jornada, los legisladores que conforman la comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León fueron los encargado de dar el aval para el juicio político en contra de Samuel García. Según los diputados, el no haber entregado el presupuesto 2023 en las fechas que marca la ley se puede considerar un daño grave a los intereses públicos.
Será el próximo 10 de febrero cuando Samuel comparezca ante el Congreso para explicar el por qué de su omisión. Algo con lo que los legisladores de Movimiento Ciudadano (partido al que pertenece el gober) claro que no estuvieron de acuerdo.
En efecto, los de Movimiento Ciudadano se opusieron a la idea de llevar a Samuel García a juicio político… que porque, tarde, pero se entregó el presupuesto 2023.
“Ya dejémonos de tanta farsa, de acciones perversas, por ningún motivo es procedente este juicio, no hay elementos, no hay sustento”, aseguró la diputada Sandra Pámanes Ortiz, quien también argumentó que, en caso de no entregarse a tiempo el presupuesto para el 2023, no había problema: existía la disposición legal para que siguiera aplicándose el del 2022… y ya, por eso, no había ningún delito.
La solicitud de juicio político contra Samuel García fue presentada por diputados federales del PAN y PRI y aprobada por mayoría… con la abstención de la legisladora de Morena, Anylú Bendición Hernández, así como las diputadas de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes e Iraís Reyes.
Al respecto del juicio político en su contra, el gobernador Samuel García no se ha pronunciado. Y quizás ni lo haga… ni siquiera frente al Congreso: su explicación de por qué no entregó el presupuesto a tiempo puede ser por escrito o en comparecencia.