Como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se siguen negando a brindar el derecho al aborto en estados como Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz donde desde septiembre de 2021 fue despenalizado, ahora un grupo de colectivas puso manos a la obra y comenzó a promover amparos para que estas instancias de salud pública hagan su trabajo.
La razón por la que estas instancias de salud federal insisten con que no quieren brindar un acceso a la interrupción del embarazo voluntario es porque todavía falta que se actualicen las leyes federales. Esta omisión se debe a que el Congreso todavía no ha aprobado una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
Además, estas instituciones se siguen negando a dar el servicio bajo algunas causales en leyes locales, ya que el Código Penal Federal solo contempla tres: cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando la vida de la mujer está en peligro por su embarazo y cuando el aborto es accidental o espontáneo.
AbortistasMx —una plataforma que se encarga de otorgar un acompañamiento legal a colectivas y organizaciones interesadas en la despenalización del aborto— planteó la estrategia de implementar amparos. No sólo para que se comiencen a proveer estos servicios, sino para que también se deje de criminalizar este procedimiento, según dijo su coordinador a Animal Político.
Otra falta que se está denunciando es que estos institutos federales ni siquiera se molestan por informar u orientar a las mujeres que acuden a realizarse un aborto, simplemente les comentan que esa es una práctica que sigue siendo ilegal.