Bajo la bandera de que se trata de una legislación “xenófoba y racista”, un creciente número de organizaciones sindicales y comunitarias de Estados Unidos alista una ofensiva legal, de movilizaciones y un boicot a raíz de la Ley SB 1718, llamada “DeSantis”, que, según el Congreso de Florida, busca confrontar los “efectos peligrosos de la inmigración ilegal ocasionados por las políticas fronterizas imprudentes” del presidente Joe Biden.
“Cuando entre en efecto esta ley, la vida de las familias inmigrantes en Florida, al margen de su estatus migratorio, será una pesadilla. Este es un ataque directo a los trabajadores esenciales y los inmigrantes sin tener en cuenta la implementación de su impacto humano”, advierte Angélica Salas, mexicano-estadunidense y directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés).
Cientos de familias de origen hispano, y muchas de origen maya en el sur de Florida que no hablan ni inglés ni español sino k’iche, mam, popti’ y q’anjob’al, comenzaron un éxodo a otros estados más hospitalarios, por temor a ser criminalizados o no poder trabajar en Florida a partir de este fin de semana.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el grupo de abogacía hispana más antiguo de EU, lanzó una advertencia de “no viaje” a Florida, al tiempo que analiza lanzar junto con otros grupos un boicot similar al que apoyaron contra la polémica legislación 1070 de Arizona en 2010.
“Las (nuevas leyes) de DeSantis nos tratarán como criminales por transportar a una persona que solo visita a la familia o disfruta Disneyworld”, señala el presidente de Lulac, Domingo García.
Lulac, con el apoyo del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal, de la Unión Nacional de Libertades Civiles y en consulta con la influyente NAACP, la mayor organización de afroamericanos en EU, y con sindicatos, explora los ángulos de una demanda legal para frenar a la SB 1718 una vez que entre en vigor.