México enfrenta una nueva ola de violencia política: en apenas un año del gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024, diez presidentes municipales en funciones han sido asesinados en distintas partes del país. El promedio —un homicidio al mes— refleja una tendencia alarmante que supera incluso los registros del inicio del sexenio anterior.
Entre los casos más recientes se encuentran los de Román Ruiz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, asesinado el 15 de octubre de 2024, y Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, ultimado el 15 de mayo de 2025, ambos en Oaxaca. A estos se suman homicidios de alcaldes en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí e Hidalgo, estados que también enfrentan altos niveles de violencia ligada a disputas criminales y tensiones políticas locales.
La cifra registrada durante este primer año ya representa casi la mitad de los 23 asesinatos de ediles ocurridos en todo el sexenio 2018–2024, lo que evidencia un incremento sostenido en los riesgos que enfrentan las autoridades municipales, consideradas el primer contacto entre la población y los gobiernos locales.
Expertos en seguridad pública han advertido que la vulnerabilidad de los gobiernos locales está estrechamente relacionada con la falta de recursos para seguridad, la infiltración del crimen organizado y la débil coordinación entre niveles de gobierno. Estos factores colocan a los alcaldes en una posición de alto riesgo, especialmente en regiones rurales o con presencia de grupos armados.
El panorama plantea uno de los mayores desafíos del actual gobierno federal: garantizar la protección de las autoridades municipales y fortalecer la gobernabilidad en territorios donde los conflictos por poder y control territorial se han vuelto constantes.