Durante el último año, 54 juzgadores federales que tienen en sus manos casos que involucran a integrantes del crimen organizado recibieron protección ante amenazas creíbles en su contra.
Entre las medidas de seguridad que se les brindaron, destacan el otorgamiento de automóviles blindados, así como chofer y custodia por parte de elementos federales.
De acuerdo con datos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Centro de Atención de Solicitudes en Materia de Seguridad (CASS) dio trámite de forma inmediata a 105 peticiones de medidas de protección, presentadas electrónicamente por servidores públicos, particularmente de personal de los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF).
Durante 2023, la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia sometió a consideración de la Comisión de Vigilancia un total de 242 asuntos en materia de seguridad sobre funcionarios que “enfrentaron situaciones de riesgo” con motivo de su función.
De acuerdo con los datos, 147 asuntos tenían como finalidad proveer medidas de apoyo y protección, mientras que en 95 asuntos se expusieron diversas causas generadoras de riesgo.
Lo anterior propició que 54 magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, secretarios, defensoras, defensores de oficio y otros servidores públicos, tuvieron asignadas las medidas de seguridad.
Fuentes del Poder Judicial de la Federación confirmaron que en el sexenio de Felipe Calderon ha sido cuando más se ha brindado protección a juzgadores.
Desde entonces y hasta la fecha, los estados más inseguros para los juzgadores son Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Estado de México.