El Pentágono no necesita espiar para obtener información ultrasecreta de las Fuerzas Armadas Mexicanas: gracias a Felipe Calderón, tiene acceso a algunos de los informes más reservados del Estado Mexicano, recopilados por las áreas de Inteligencia del Ejército y la Marina.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa al Pentágono de espiar a las Fuerzas Armadas, la realidad es que Washington tiene información militar privilegiada desde el sexenio calderonista, cuando las secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada firmaron convenios de cooperación en materia de inteligencia con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Son instrumentos que permiten a personal estadunidense acceder, previa autorización, a documentos, datos y reportes altamente sensibles sobre narcotráfico, crimen organizado y terrorismo en nuestro país.

En sentido inverso, le confieren a las fuerzas castrenses mexicanas autorización para recibir datos de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA por sus siglas en inglés), el organismo militar con el que el Pentágono recopila información estratégica en todo el mundo, incluido México, mediante operaciones de inteligencia humana. Es decir, informantes.

La apertura mutua de secretos, construida bajo un principio de confianza entre los dos países, consta en dos acuerdos firmados en 2008 y 2010 a nivel dependencia y que, al no estar en el rango de un tratado internacional, no requirieron ratificación de los Senados mexicano y estadounidense. Hoy, a dos sexenios de distancia, ambos documentos -de los cuales MILENIO tiene copia- permanecen en vigor, como puertas a la información que generan los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas de ambos países.

Los acuerdos fueron negociados por la administración Calderón con los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. El primero, entre el Pentágono y la Armada, fue firmado por Paul McHale, subsecretario de Defensa de Estados Unidos y el entonces secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez. Está fechado el día de la Independencia de México, el 15 de septiembre de 2008.