Organizaciones feministas y de derechos humanos demandan al gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, que haga efectivo su compromiso de garantizar los derechos de las mujeres, en particular el acceso seguro al aborto, como una medida clave para combatir la violencia sexual en el estado.

El caso de “Laura”, una adolescente que fue víctima de violación dentro de su propio entorno familiar y cuya situación fue descubierta tras acudir al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” por problemas de salud, evidencia la gravedad de esta problemática. El personal médico, al detectar que la menor había sido abusada sexualmente, canalizó el caso a las autoridades competentes. “Laura” es solo una de las 591 interrupciones legales del embarazo (ILE) que se realizaron en Oaxaca durante el primer semestre de 2024, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Desde la despenalización del aborto en Oaxaca en 2019, las autoridades han realizado más de 2,000 atenciones relacionadas con la ILE. Sin embargo, organizaciones como Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad destacan que el reto sigue siendo enorme y exigen que el gobierno actual no repita “la deuda” que dejó la administración anterior en materia de derechos reproductivos.

A pesar de los avances legales, Oaxaca enfrenta graves limitaciones en la atención médica. Actualmente, solo 11 unidades del programa IMSS Bienestar ofrecen servicios de aborto legal en un estado con 570 municipios. Esta situación deja a muchas mujeres fuera del sistema formal de salud, lo que provoca que gran parte de los abortos se realicen de manera clandestina. Según estimaciones, por cada aborto registrado, hay entre cuatro y cinco que no lo están.

El Consorcio enfatiza la importancia de que el gobierno de Jara garantice el presupuesto necesario para brindar acceso seguro y gratuito al aborto, además de asegurarse de que los servicios de salud no utilicen la objeción de conciencia para negar este derecho fundamental.

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucionales los artículos que criminalizan el aborto a nivel federal, otorga un marco legal más sólido a las mujeres mexicanas, incluyendo a las de Oaxaca, pero las activistas subrayan que aún queda un largo camino por recorrer para que este derecho sea plenamente accesible.