El gobierno de Oaxaca negó la existencia de una crisis por violación de derechos humanos y asesinatos de defensores comunitarios en la entidad, a través de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH). Según la CADH, durante la administración de Salomón Jara Cruz, “ninguna persona defensora que se encuentra dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha perdido la vida”.
Esta declaración surge tras la presentación de cifras por parte del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, que reportaron el asesinato de 42 defensores durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades oaxaqueñas señalaron que estas cifras fueron malinterpretadas como datos del 2024 y carecen de sustento de organismos oficiales.
La CADH destacó que las cifras oficiales del Mecanismo de Protección indican una disminución en los casos reportados y atendidos por dicho mecanismo. De enero a diciembre de 2022, se incorporaron 21 casos, seis de ellos por agresiones a defensores de derechos humanos. En 2023, se conocieron 12 casos, de los cuales cuatro correspondían a agresiones, sin ninguna pérdida de vida.
El gobierno estatal instó a las organizaciones a no lucrar con la figura de “persona defensora”, subrayando que tales declaraciones sin fundamento no contribuyen a la construcción de instituciones sólidas y ponen en entredicho la seriedad de las agrupaciones.
En otro incidente, periodistas y fotógrafos oaxaqueños protestaron durante el Segundo Lunes del Cerro por el trato recibido de parte del gobierno de Oaxaca hacia los medios de comunicación, tras la agresión sufrida por el fotoperiodista Edwin Hernández de EL UNIVERSAL. Hernández fue atacado mientras cubría la manifestación pacífica de la cineasta Ángeles Cruz, quien exigía atención a la violencia en su comunidad.
El movimiento Periodismo en Riesgo Oaxaca condenó la agresión y exigió una disculpa pública para Hernández, destacando que estas prácticas del gobierno de Jara Cruz confirman un “patrón de intimidación” contra quienes cuestionan al mandatario.