Oaxaca vivió un momento histórico para la defensa del territorio indígena. Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec absolvió a 21 personas indígenas chontales, mujeres y hombres, que durante años fueron criminalizados por defender su playa frente al avance de proyectos inmobiliarios.
Las y los absueltos forman parte de la Asamblea Comunitaria de El Coyul y de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, organización fundada en 1972 que agrupa a 221 familias. Durante el proceso judicial enfrentaron una acusación que pretendía imponerles hasta 15 años de prisión, además del pago de una reparación del daño por 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos por persona.
El conflicto inició cuando integrantes de la comunidad denunciaron que personas ajenas, respaldadas por funcionarios estatales y notarios públicos, intentaron apropiarse de mil 452 hectáreas de tierras comunales. Estas áreas incluyen la playa y zonas de manglar, espacios clave para la vida, el trabajo y el equilibrio ambiental de la región.
Al conocer los planes para destruir manglares y construir hoteles y edificios, las y los pescadores alzaron la voz y defendieron públicamente su territorio. Esa resistencia provocó una serie de acciones legales en su contra, dando paso a años de desgaste judicial y criminalización por proteger lo que históricamente les pertenece.
Tras varios años en tribunales, la absolución devuelve tranquilidad y reconocimiento a la comunidad, aunque existe la posibilidad de que el fallo sea impugnado. Aun así, las y los defensores del territorio dejaron claro que no desistirán y que continuarán defendiendo sus tierras frente a cualquier intento de despojo.
La comunidad señaló directamente a Alfredo Manuel Mena Alonso, Joel Ricardez López y Rigoberto Cruz Cartas como responsables de cualquier acto de violencia, intimidación u hostigamiento que pudiera ocurrir contra las personas recientemente absueltas o contra la comunidad de El Coyul.
El proceso contó con acompañamiento legal de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, organización que respaldó la lucha jurídica y comunitaria durante todo el proceso.
Las y los pescadores reiteraron que seguirán vigilantes y organizados, defendiendo su territorio, su identidad y el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre sus tierras, sin criminalización ni amenazas.