Oaxaca vivió este martes una protesta que llamó la atención de todos en el Zócalo capitalino. María Alejandra Jacinto Quevedo, pedagoga oaxaqueña, se encadenó al kiosco central para exigir la custodia de su hijo de cinco años, diagnosticado con trastorno del espectro autista, y denunciar la negligencia de su exesposo, Alan Gabriel Samano Chávez, ingeniero químico.
La madre asegura que desde hace tres años su hijo no recibe las terapias ni la educación especializada que necesita, lo que ha generado retrasos significativos en su desarrollo. Actualmente, el niño está bajo de peso, aún usa pañal y solo emite palabras básicas como “mamá” o “agua”. Jacinto Quevedo denunció que la salud y el bienestar del menor están en grave riesgo debido a la falta de cuidados adecuados.
Durante la protesta, la madre acusó a su exesposo de usar al niño como “comodín” para perpetuar la violencia en su contra, restringiendo sus visitas con excusas relacionadas con supuestas enfermedades del menor. También responsabilizó a la abuela paterna, con quien vive el niño, de complicidad en estos actos. Por el contrario, propuso que la abuela materna asuma la custodia, destacando su capacidad para ofrecer un entorno seguro y apropiado.
En el proceso legal, evaluaciones psicológicas han determinado que la ansiedad y depresión que padece Jacinto Quevedo no la incapacitan para cuidar a su hijo. Sin embargo, la madre criticó al juez por ignorar pruebas clave, incluyendo capturas de un grupo de WhatsApp que evidencian las restricciones impuestas sobre su relación con el niño.
La manifestante responsabilizó directamente a su exesposo por cualquier eventualidad que pueda sufrir el menor y exigió justicia inmediata. Además, hizo un llamado al gobernador de Oaxaca, a la presidenta de México y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado para que intervengan en defensa de los derechos del niño, que considera vulnerados en medio de la disputa de custodia.
El caso ha generado preocupación social por la protección de la infancia y la atención a niños con trastornos del desarrollo, y refleja los desafíos que enfrentan las familias cuando existen conflictos legales y negligencia parental.