Oaxaca, Oax. – En el estado de Oaxaca, 87 de cada 100 personas mayores de 18 años consideran que las prácticas corruptas son frecuentes o muy frecuentes, según el Índice de Competitividad por Estados 2025 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), lo que coloca a la entidad como una de las más afectadas por este fenómeno a nivel nacional.
Este dato, que refleja la percepción de la población urbana adulta, representa un obstáculo directo para el desarrollo económico y social del estado. La ciudadanía percibe que muchos trámites o servicios requieren pagos extraoficiales, lo cual mina la confianza en las instituciones y frena la competitividad local.
A nivel nacional, México obtuvo un puntaje de apenas 26 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, lo que lo ubica en el lugar 140 de 180 países, a la par de naciones como Irak, Nigeria y Guatemala. Dentro del país, Oaxaca se sitúa como el quinto estado más corrupto, solo detrás de Chiapas, Ciudad de México, Michoacán y Puebla.
Además, un análisis del Catálogo Nacional de Indicadores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) revela que en 2023 se registraron al menos 397 mil 129 actos de corrupción en Oaxaca, lo que representa un promedio de 45 casos por hora, o uno cada minuto y medio.
El problema no es nuevo ni está disminuyendo de forma sostenida. En 2021 se documentaron 370 mil 669 casos, cifra que creció a 407 mil 752 en 2022. Aunque 2023 presentó una ligera disminución, la magnitud sigue siendo alarmante. Según el INEGI, cada acto de corrupción en Oaxaca costó en promedio 3 mil 368 pesos a quien lo padeció.
Por si fuera poco, el estudio Corrupción: implicaciones en la Competitividad de las Empresas advierte que el 90% de los empresarios identifican la corrupción y el soborno como las principales amenazas para los negocios. Además, 67% de los actos de corrupción se realizan mediante pagos indirectos, lo que complica su rastreo y castigo.
Esta situación convierte a la corrupción no solo en un problema ético o legal, sino en una grave barrera para el desarrollo económico y la atracción de inversiones en Oaxaca y el resto del país.