Un total de 33 organizaciones defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente denunciaron una profunda crisis de derechos fundamentales en Oaxaca, agravada —según sus palabras— por la indiferencia del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz.
Durante una conferencia realizada en el Centro Cultural San Pablo, en la capital oaxaqueña, los colectivos presentaron un documento titulado Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, el cual fue entregado a representantes de la embajada de los Países Bajos el pasado 9 de mayo. En el texto se documentan múltiples violaciones a derechos humanos durante la actual administración.
Entre los principales temas señalados se encuentran los asesinatos por conflictos agrarios, ataques contra personas defensoras del territorio, el aumento de la violencia feminicida, y la omisión estatal frente a los derechos de salud, diversidad sexual, seguridad, medio ambiente, participación ciudadana, y libertad de expresión.
Los colectivos alertaron que Oaxaca encabeza las cifras nacionales de asesinatos contra personas defensoras, superando a Guerrero y Chiapas. Recordaron el caso emblemático de Sandra Domínguez, activista desaparecida en octubre de 2024 y hallada sin vida en abril de este año.
Asimismo, denunciaron el deterioro del sistema de salud pública, particularmente en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, donde en enero se suspendieron servicios por falta de insumos básicos y medicamentos, reflejo de lo que califican como un colapso institucional.
Los activistas también lamentaron la criminalización sistemática de la protesta social en Oaxaca. Aseguran que el gobierno de Jara, lejos de atender las causas del descontento, ha desplegado estrategias para deslegitimar a la sociedad civil, generando un clima de hostigamiento y riesgo para quienes defienden derechos.
El colectivo señaló que su intención no es confrontar al gobierno, sino visibilizar la crisis y proponer soluciones. Por ello elaboraron un decálogo de recomendaciones que esperan sea recibido por las autoridades y se integre a mesas de trabajo conjuntas.
Neftalí Reyes Méndez, del Frente No a la Minería, aseguró que “el actual gobierno representa una regresión en derechos humanos, contraria a los principios de un gobierno de izquierda”.
Los colectivos insistieron en que seguirán exigiendo respeto y garantías para las voces disidentes, y que sus propuestas buscan corregir el rumbo, no solo denunciar.