La propuesta tiene el objetivo de cumplir el compromiso realizado por el Ejecutivo del Estado con el pueblo de Oaxaca, de revertir la degradación, combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos estatales, administrando el dinero con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

También, establece las competencias de los entes gubernamentales en la materia; regula la generación de ahorros y economías del gasto público para orientarlos en la satisfacción de necesidades generales; y crea un mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad.

Con este instrumento jurídico ningún servidor público podrá beneficiarse de su cargo, se terminará con la asignación abusiva, unilateral y discrecional de privilegios, oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación, viáticos, entre otros; toda vez que los recursos deberán ser destinados a los programas sociales que beneficien a la sociedad oaxaqueña y a los grupos vulnerables.

De igual manera, los recursos gubernamentales estarán permanentemente bajo el escrutinio público. Con el principio de austeridad se dará un paso fundamental para la transformación de Oaxaca.