La Red Estatal de Víctimas “Tomás Martínez” ha lanzado un llamado urgente al gobierno de Salomón Jara para que se apruebe la iniciativa de ley de Ejecución Extrajudicial en Oaxaca. Esta iniciativa tiene como objetivo tipificar este delito en el Código Penal estatal y garantizar la no repetición de estos actos.

En una conferencia de prensa, el profesor Santiago Ambrosio, líder del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), denunció los obstáculos que ha enfrentado la iniciativa desde su presentación hace un año. Señaló que a pesar de más de 10 modificaciones realizadas para satisfacer las observaciones del ejecutivo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, aún no se ha logrado avanzar en su aprobación.

Ambrosio destacó la importancia de esta iniciativa ciudadana, recordando casos como las más de 20 ejecuciones extrajudiciales reportadas durante el conflicto social de 2006 y las ocho ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2016 durante el fallido desalojo en Asunción Nochixtlán.

Una de las principales preocupaciones de los promotores de la ley es que las modificaciones propuestas buscan eximir de responsabilidad a los funcionarios a cargo de los operativos en los cuales se cometan ejecuciones extrajudiciales. Esto contravendría el espíritu de la iniciativa, que busca garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.

La semana pasada se esperaba que la iniciativa fuera presentada para su primera lectura en el Congreso del Estado, sin embargo, esto no ocurrió. Se descubrió que solo la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Lizett Arroyo, había firmado el acuerdo, mientras que el resto de los legisladores no lo hicieron.

Se acusa directamente al consejero jurídico del gobierno de Salomón Jara, Geonavy Vásquez Sagrero, de obstruir la aprobación de la iniciativa al realizar observaciones no comunicadas a los promotores de la ley. La Red Estatal de Víctimas sostiene que esto representa un intento por parte del gobierno de impedir que esta importante iniciativa se concrete.

Los integrantes de la Red exigen que la iniciativa sea llevada a votación y aprobada en el Congreso del Estado, en cumplimiento con lo establecido previamente. La justicia y la protección de los derechos humanos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca dependen de ello.