El gobierno federal acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, de proteger en su calidad de presidenta de Consejo de la Judicatura (CJF) a una jueza en Aguascalientes que con sus decisiones ha beneficiado a delincuentes.

En la sección Cero Impunidad el subsecretario de seguridad, Luis Rodríguez Bucio, explicó que Piña Hernández junto con la secretaria ejecutiva de disciplina del CJF María Gabriela Rolón, desecharon una queja administrativa contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez señalada de beneficiar a cuatro escoltas del ex gobernador Martín Orozco, acusados de la desaparición forzada de un pepenador identificado como Francisco.

“El 17 de mayo tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada”, explicó.
De acuerdo a las autoridades, las actuaciones de la jueza Álvarez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición de Francisco “N”.

Además, señaló que en este caso hubo otro detenido que se suicidó de manera dudosa en el 2019 en una celda del Cereso de Aguascalientes y continua una persona por detener por estos hechos.