Vecinos de Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal siguen manifestando su preocupación por la construcción de un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en la región, obra que se ha visto envuelta en la controversia y la falta de información clara por parte de las autoridades.
Jesús Romero, secretario de Gobierno del estado, ha afirmado que el proyecto está en marcha y que se trata de una solución tecnológica avanzada para el manejo de residuos. Sin embargo, Diego Humberto Ramos, conciliador de la misma dependencia, ha señalado que aún no se ha presentado un proyecto definitivo a los grupos vecinales, resaltando que “no hay nada oficial” respecto a la obra.
En medio de esta incertidumbre, Elibet Vázquez, presidenta de la Tercera Sección de La Soledad, San Antonio de la Cal, expresó su preocupación sobre la falta de estudios de impacto ambiental y los cambios constantes en la información proporcionada a las comunidades, lo que genera desconfianza. Durante una protesta realizada el 27 de enero, Vázquez destacó que la comunidad no ha sido consultada de manera adecuada y que los vecinos temen las consecuencias de esta obra.
Por su parte, Romero defendió el proyecto y presentó un video durante una conferencia de prensa el 23 de enero, asegurando que la obra en los límites de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal se llevaría a cabo sin importar las protestas. No obstante, el conciliador Ramos dejó claro que lo presentado hasta ahora es solo una propuesta y que no hay un proyecto confirmado.
La situación se ha tensado aún más debido a denuncias de agresiones contra manifestantes. El 14 de enero, durante un bloqueo en el crucero de Símbolos Patrios, un grupo de personas fue desalojado y golpeado por presuntos miembros de la Confederación Joven, un sindicato que podría estar vinculado con la obra. Vázquez también denunció amenazas a la representante de la colonia Jerusalén, quien se ha mostrado en contra del proyecto.
Los vecinos responsabilizan al Gobierno estatal de cualquier acto de violencia que pueda surgir debido a la controversia, y exigen una disculpa pública por los incidentes ocurridos. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, y las comunidades esperan una aclaración definitiva sobre el futuro de la obra y sus posibles impactos.