México enfrenta un grave problema de desplazamiento forzado interno, que afecta a miles de ciudadanos cada año. Según datos proporcionados por diversas organizaciones no gubernamentales, las causas principales de este fenómeno son la violencia, los fenómenos naturales y, en algunos casos, los usos y costumbres aplicados en comunidades indígenas.
De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), hasta el año 2022, 386,000 personas fueron desplazadas internamente en el país debido a conflictos comunitarios y violencia. Además, 3,600 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a desastres naturales. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) también advirtió que en 2020 se observó un incremento del 12.43% en el número de desplazados en comparación con 2019.
Los estados más afectados por este fenómeno entre 2016 y 2020 han sido Guerrero, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca. Guerrero lidera la lista con 21,805 personas desplazadas, seguido de Chiapas con 14,953, y Michoacán con 12,993. Oaxaca, aunque con cifras menores en comparación con otros estados, ha registrado 5,449 desplazamientos forzados.
En Oaxaca, los desplazamientos forzados se han relacionado en gran parte con los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, que, a diferencia de otras regiones del país donde la violencia y el crimen organizado son los principales motores del desplazamiento, siguen utilizando sus propios métodos para resolver conflictos. Según la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre 2010 y 2023 se iniciaron 156 expedientes por situaciones de desplazamiento forzado, la mayoría relacionados con expulsiones o destierros derivados de estos sistemas tradicionales de resolución de conflictos.
A pesar de que muchos desplazamientos se deben a la violencia organizada, el contexto comunitario, particularmente en los pueblos indígenas, juega un papel crucial en la dinámica de los desplazamientos. Las expulsiones basadas en usos y costumbres han afectado a muchas familias, quienes se han visto forzadas a abandonar sus hogares debido a normas internas que regulan la vida comunitaria.
En un informe reciente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas reveló que en 2023 al menos 11,000 personas fueron desplazadas debido a conflictos y violencia, con un notable aumento en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Quintana Roo y Chiapas. Este fenómeno continúa siendo una de las principales preocupaciones en el ámbito de los derechos humanos en México, con una creciente necesidad de políticas públicas eficaces que protejan a las personas desplazadas y promuevan soluciones a largo plazo.
El desplazamiento forzado interno no solo pone en evidencia la violencia estructural y los conflictos sociales en México, sino también la urgencia de un enfoque integral que considere tanto las causas externas como las internas de este grave problema.