San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca – En un incidente que ha captado la atención de la región, el presidente municipal de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Horacio Miguel Cruz, y su cabildo fueron retenidos el pasado domingo 6 de abril por un grupo de ciudadanos en una Asamblea General Comunitaria. La protesta está relacionada con acusaciones de presuntos actos de corrupción en la administración local, específicamente en el manejo de más de 15 millones de pesos que, según los inconformes, fueron mal gestionados por las autoridades municipales.
La retención ocurrió en el marco de una reunión que, según el propio presidente municipal, había sido convocada por el ayuntamiento. Sin embargo, Cruz afirmó que no se contó con la mayoría necesaria para llevarla a cabo, lo que desencadenó las protestas. Durante la asamblea, los manifestantes exigieron la devolución de los fondos que consideran mal administrados.
Cruz, quien también ocupa el cargo de presidente del Consejo de Gobierno Tradicional del pueblo Chocholteco, señaló que la diputada suplente María Filiberta Bazán Velasco habría jugado un papel clave en incitar la protesta. Según el edil, Bazán Velasco habría instigado a la comunidad para que se llevara a cabo la retención como una estrategia de presión política.
Ante la situación, el presidente municipal intentó comunicarse con autoridades estatales para buscar una solución. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno respondió que no existían las condiciones para intervenir directamente en el municipio, sugiriendo que los funcionarios retenidos acudieran a la ciudad de Oaxaca. No obstante, Cruz aseguró que, debido a la retención, no existe forma de salir de la localidad.
El municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca consta de seis agencias y una cabecera municipal, que alberga alrededor de 2,800 personas, de las cuales unas 700 residen en la cabecera. Según el edil, solo unas 70 personas participaron en la asamblea, lo que él considera una representación minoritaria de la comunidad.
Cruz destacó que la retención de él y su equipo viola sus derechos humanos y reiteró que su administración siempre ha estado dispuesta al diálogo. Además, solicitó la intervención de la delegada de paz para establecer una mesa de negociación en la comunidad y esclarecer los hechos. También pidió que fueran los propios habitantes de la localidad los que escucharan su versión, sin la influencia de actores políticos externos con intereses en la zona.
Entre los funcionarios retenidos se encuentran Misael Maldonado Juárez, síndico municipal; Agustín Guzmán Gómez, regidor de obras; y Alfredo Navarro Onofre, tesorero municipal. El presidente Cruz destacó que Guzmán, quien requiere de medicamentos, no ha podido ver a su familia desde que comenzaron los hechos.
En una entrevista telefónica, Cruz declaró que, aunque se encuentran bien, no consideran legal su retención, reiterando que están dispuestos a informar a la comunidad, pero que los manifestantes no están abiertos al diálogo debido a lo que él considera una motivación política, ya que se está por emitir la convocatoria para la elección de nuevas autoridades municipales.
La situación sigue en desarrollo, y la comunidad espera que las autoridades logren mediar en el conflicto para evitar mayores complicaciones.