A 33 días de la desaparición de la activista mixe y defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez Martínez, su familia decidió instalar un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir su presentación con vida. En un acto de desesperación y dolor, las hermanas y la madre de Sandra denunciaron la falta de avances en la investigación y las intimidaciones que han sufrido por exigir justicia.

Kisha Domínguez, hermana de la activista, explicó que la familia había confiado en las autoridades para encontrar a Sandra, creyendo que contarían con los recursos y la infraestructura necesaria. Sin embargo, lamentó que hasta ahora los esfuerzos han sido ineficaces y se ha sentido una falta de compromiso real. “Nos repiten la misma información sin avances; ya nos desgastaron, ya nos intimidaron, y Sandra sigue desaparecida”, afirmó en una conferencia de prensa.

Además, denunció actos de vigilancia y hostigamiento dirigidos tanto a la familia como a sus abogados y acompañantes, presuntamente realizados por individuos vestidos de negro en motocicletas, con la aparente intención de disuadirlos de continuar su demanda de justicia.

Desde la desaparición de Sandra, la familia ha sido remitida de una institución a otra, entre la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), sin recibir respuestas efectivas. Incluso, tras una reunión con el gobernador Salomón Jara el 23 de octubre, la situación sigue estancada.

Kisha Domínguez expresó que el caso de Sandra no es único, y recordó con dolor el feminicidio de la enfermera Judith Vianey, otro ejemplo de las graves consecuencias de la ineficacia estatal en temas de violencia de género. “Nos duele que ese sea el destino de las mujeres en Oaxaca. El responsable debe pagar por su crimen, y el Estado debe destituir a quienes no cumplen su labor de garantizar la vida”, dijo.

La hermana de Sandra también criticó la lentitud y revictimización del protocolo de búsqueda, acusando a las autoridades de dar información a los medios antes que a la familia, lo que, señaló, promueve el amarillismo y pone en riesgo a las víctimas y sus allegados. Asimismo, cuestionó el uso de recursos públicos, ya que las instituciones han afirmado carecer de fondos para la búsqueda de personas desaparecidas, mientras se gastaron más de seis millones de pesos en dos conciertos gratuitos en el Zócalo de Oaxaca.

“Es indignante que no haya personal suficiente para las búsquedas, pero se despilfarre dinero en conciertos para el control del caos”, reclamó Domínguez.

La familia de Sandra y las organizaciones que las acompañan reiteraron su llamado a las autoridades para que cumplan con su promesa de encontrar a la activista con vida y dejen de lado prácticas que revictimizan a las familias.