Oaxaca, México – En el marco de la construcción de una ley sobre Medidas Cautelares en Oaxaca, se llevó a cabo un foro encabezado por familias víctimas de violación a los derechos humanos en la región Mixteca. El evento, que convocó a representantes del Congreso de Oaxaca, organismos internacionales y defensoras y defensores de derechos humanos, se centró en la problemática del incumplimiento de medidas cautelares por parte del Estado mexicano, especialmente en situaciones de desplazamiento forzado.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, destacó la importancia de este espacio como un punto de encuentro entre la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y organismos internacionales. En su intervención, subrayó que el foro tenía como propósito generar un diálogo sobre las deficiencias en la implementación de medidas cautelares y las graves consecuencias para las víctimas, quienes continúan siendo revictimizadas por un sistema incapaz de brindar justicia.
Familias afectadas por el desplazamiento forzado en comunidades como Ixcatlán y Atatlahuca compartieron sus dolorosas experiencias, resaltando que el Estado no ha cumplido con las medidas cautelares que se les han otorgado. Las víctimas, además, lamentaron que las leyes en México y Oaxaca parecieran estar diseñadas para ser violadas, perpetuando la omisión ante las necesidades de los pueblos y sus habitantes.
El testimonio de las familias fue desgarrador: muchos de ellos han perdido a sus seres queridos, algunos de los cuales siguen desaparecidos desde 2015 y 2018. A pesar de los esfuerzos, el gobierno no ha logrado avanzar en la localización de los desaparecidos ni ofrecer respuestas satisfactorias a las familias que claman justicia.
En este sentido, las víctimas expresaron que la violencia sistemática sigue siendo uno de los problemas más importantes y no resueltos. Según sus testimonios, las órdenes de gobierno han sido incapaces de implementar medidas efectivas para proteger a las comunidades y garantizar la justicia, lo que dificulta aún más el acceso a derechos fundamentales.
A lo largo del foro, se resaltó que la lucha de las víctimas no es solo por el esclarecimiento de los casos de desapariciones, sino también por la protección de los defensores de los derechos humanos y los recursos naturales, quienes a menudo se ven expuestos a agresiones y amenazas debido a su trabajo en favor de las comunidades.
Este foro se suma a una creciente demanda por un cambio estructural en la legislación mexicana, que permita realmente cumplir con las medidas cautelares y ofrecer una respuesta digna y efectiva a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La situación, lamentablemente, continúa siendo un calvario para quienes buscan justicia en un contexto de impunidad y desprotección.