El 10 de diciembre de 2022, los habitantes de la comunidad de Donají, en el municipio de Matías Romero Avendaño, vivieron momentos de pánico e incertidumbre debido a una fuga de amoniaco que obligó a las autoridades a realizar un desalojo de emergencia. A pesar de la gravedad de la situación, este incidente no fue registrado dentro de las 48 fugas o derrames de sustancias que Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoce como accidentes en Oaxaca en los últimos cuatro años y medio.
Según información oficial obtenida mediante una solicitud de acceso a la información, desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 16 de julio de 2024, Pemex reportó casi medio centenar de accidentes, aunque aclara que estos no necesariamente implican contaminación de suelos, aire o recursos naturales. En el caso de Donají, los habitantes fueron evacuados y trasladados a albergues en las agencias cercanas de Tolosita, Palomares y la cabecera de Matías Romero.
Este tipo de accidentes no es nuevo en la región. En 2013, una fuga de amoniaco en la localidad de Chivaniza, en el municipio de El Barrio de la Soledad, resultó en la muerte de nueve personas y al menos 40 intoxicados, además de daños a cultivos y al medio ambiente. Los habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec son los más afectados por estos derrames y fugas, que incluyen combustóleo, crudo, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas como el MTBE (éter metil terbutílico), usado como aditivo en la gasolina.
Pemex ha sido señalado por expertos y trabajadores por la falta de inversión en el mantenimiento y renovación de equipos. Los datos respaldan esta crítica, ya que en 2023 se reportaron 22 fugas o derrames, un promedio de uno cada 16 días. En 2022, fueron 11 los accidentes registrados. El Istmo, particularmente, ha sido la región con más reportes de estos incidentes, incluyendo fugas de gas amargo, isobutano, propano y aceite crudo, entre otros.
Además, Pemex ha sido responsable de graves derrames que han afectado fuentes de agua, como el ocurrido en el río Otates en octubre de 2024, que contaminó los pozos de agua que abastecen a varias comunidades de la región, dejando a casi una docena de ellas sin acceso al vital líquido.
El municipio de Salina Cruz, donde se ubica la antigua petroquímica Antonio Dovalí Jaime, es el principal afectado por estos accidentes, con 33 derrames registrados. Le siguen Asunción Ixtaltepec, con 11, y San Blas Atempa, con 3. Incluso la ciudad de Oaxaca de Juárez ha sido impactada por estos incidentes, que continúan afectando la seguridad de las personas y el medio ambiente en el estado.
Aunque Pemex ha adoptado nuevas denominaciones en su estructura organizacional, su respuesta ante los accidentes ha sido insuficiente para mitigar los riesgos que representan para las comunidades oaxaqueñas, cuya salud y bienestar se ven constantemente amenazados por los derrames y fugas de sustancias peligrosas.