Las instituciones de seguridad, procuración de justicia, inteligencia y fuerzas armadas del sexenio pasado detuvieron, interrogaron y torturaron para crear la denominada verdad histórica del caso Ayotzinapa, además, sabían lo que ocurría en tiempo real en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014 y días posteriores.
Esta fue la conclusión a la que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual entregó su último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estimó que no hay condiciones para seguir colaborando con el gobierno de México.
El GIEI, que por ocho años coadyuvó con la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, reveló sus últimos descubrimientos, entre ellos, la participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las secretarías de Marina (Semar) y de Defensa Nacional (Sedena), a las que denunció por ocultar información.
Carlos Beristaín y Ángela Buitrago dejaron claro que tras el análisis de redes de comunicación y de documentos oficiales encontrados, los jóvenes desaparecidos no tenían nexos con el crimen organizado, pero sí los militares y policías municipales adscritos a la ciudad de Iguala y su alrededores.