El gobierno mexicano se encuentra en un dilema crítico. En el corto plazo, las autoridades enfrentan dos opciones: cumplir con las estrictas demandas del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus amenazas militares, o bien buscar un acuerdo político interno que permita mitigar la polarización heredada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Si el gobierno mexicano opta por seguir el estilo de negociación impulsado por Trump, la presión será aún mayor, considerando que el presidente estadounidense solo tiene seis meses antes de que su agenda internacional lo obligue a priorizar otras crisis. Esta dinámica deja a México en una posición difícil: o se somete a las condiciones de Trump, cediendo en algunos aspectos o renegociando en secreto, o enfrenta la presión de construir un frente interno más cohesionado.

En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra con una oportunidad única de despolarizar el clima político mexicano. Sin embargo, hasta el momento, parece que esta ha sido una prioridad secundaria en su agenda. La reciente exclusión del Poder Judicial en eventos clave, como la marcha de la lealtad y el recordatorio constitucional, refleja la continuación de un estilo polarizador que podría dificultar la construcción de un acuerdo nacionalista interno.

A nivel internacional, el gobierno de Trump ha mostrado su preocupación por la falta de avances en la lucha contra el narcotráfico en México, acusando a México de no hacer lo suficiente para erradicar los cárteles. Aunque la respuesta del gobierno mexicano ha sido la implementación de medidas como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, la presión para desarticular las estructuras criminales sigue vigente. La Casa Blanca insiste en que las autoridades mexicanas desmantelen las complicidades entre los cárteles y ciertos actores dentro de los tres niveles de gobierno, una tarea que sigue siendo uno de los puntos más conflictivos en la relación bilateral.

A pesar de la retórica agresiva de Trump, las amenazas de invasión militar o anexión de México como el estado 52 parecen descartadas. Sin embargo, las acciones del gobierno estadounidense, como la orden ejecutiva de destruir a los cárteles, traerán repercusiones inevitables sobre la ya frágil seguridad en México.

El modelo de unidad impulsado por la 4T, que se basa en la autoridad presidencial para imponer lealtades, tiene sus limitaciones. A pesar del respaldo institucional de ciertos sectores empresariales, no hay garantías de lealtades duraderas. Muchos de estos sectores tienen fuertes vínculos con Estados Unidos y con el T-MEC, lo que complica la construcción de una unidad nacionalista sólida.

En este contexto, la tarea más urgente para el gobierno mexicano es construir una unidad nacional capaz de hacer frente a las presiones externas sin caer en la polarización interna. Para lograrlo, será necesario un esfuerzo político significativo que promueva la despolarización y la cooperación entre las distintas fuerzas políticas del país.