Con el objetivo de asegurar la gobernabilidad durante el próximo relevo de autoridades municipales, tanto por el Sistema de Normativos Indígenas (SNI) como por partidos políticos, el gobierno estatal ha reinstalado la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE), encabezada por la Secretaría de Gobierno (Sego), órganos electorales, la Fiscalía General del Estado y diversas instancias federales.
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, se llevará a cabo un seguimiento minucioso a la toma de protesta de 221 nuevas autoridades municipales entre el 31 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025. De estas, 152 corresponden al régimen de Partidos Políticos y 69 a los Sistemas Normativos Indígenas.
Hasta la fecha, se han realizado 56 asambleas comunitarias bajo el régimen de SNI, quedando pendientes cuatro más que se llevarán a cabo en diciembre. Jesús Romero López, titular de la Sego, destacó que el municipio de San Juan Mazatlán enfrenta una problemática postelectoral que está siendo atendida de manera prioritaria, a través de 17 mesas de diálogo, para mantener la gobernabilidad tras la solicitud de revocación del estatuto electoral 2024 y la anulación de la elección.
Por otro lado, en el régimen de partidos políticos, 10 municipios presentan algún tipo de conflicto, de los cuales nueve tienen un nivel de atención medio y uno de alta prioridad. En el caso de los Sistemas Normativos Indígenas, tres localidades muestran conflictos: dos con nivel de atención alta y una con nivel medio.
Romero López detalló que, a diferencia de la administración anterior, en esta ocasión se cuenta con tres comisionados en municipios de partidos políticos que renovarán autoridades: San Mateo Río Hondo, Asunción Ocotlán y Villa Tamazulápam del Progreso. En el proceso electoral pasado, fueron siete los municipios con comisionados.
El encargado de la política interna del estado subrayó que, a diferencia de los primeros meses de la administración, cuando se recibieron 21 comisionados municipales, actualmente solo se cuentan con 11, lo que refleja una evolución positiva en la gobernabilidad de las localidades.