Desde 2013, la comunidad de San Pedro el Alto ha enfrentado invasiones ilegales en sus terrenos comunales, protegidos por una Resolución Presidencial. Estas invasiones, perpetradas por habitantes de Santo Domingo Teojomulco, han generado desplazamientos forzados y violencia en la región.
La diputada local del PRI, Lizbeth Concha Ojeda, solicitó a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca que se garantice urgentemente la seguridad y los derechos humanos de las personas desplazadas de San Pedro el Alto.
Concha Ojeda también pidió que se cumplan los acuerdos establecidos en reuniones celebradas el 19 de marzo y el 29 de julio de 2024, en las que se pactaron medidas como la instalación de destacamentos permanentes de la policía estatal y la Guardia Nacional. A pesar de estos compromisos, señaló que no se han tomado acciones concretas.
La legisladora alertó sobre el incremento de la violencia desde el 10 de marzo de 2024, cuando aproximadamente mil hombres armados retuvieron a 15 pobladores de San Pedro el Alto en las áreas de “El Manzanal y La Danza”. Además, el 22 de marzo comenzó la apertura de una nueva brecha ilegal para invadir otras ocho mil hectáreas.
Concha Ojeda advirtió que las autoridades deben actuar con urgencia para evitar que la situación empeore y reiteró su llamado para proteger a las familias afectadas por los desplazamientos forzados y la violencia en la región.