Desde la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (DDH) y Periodistas en 2012, más de 2,000 personas han sido beneficiadas por este sistema dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual busca garantizar la seguridad de quienes enfrentan riesgos debido a su labor. Sin embargo, la reciente tragedia en Oaxaca ha dejado al descubierto las fallas en la implementación del mecanismo de protección.
El ambientalista Cristino Castro Perea, quien fue incorporado al mecanismo en junio de 2023 tras un ataque sufrido en septiembre de 2021, fue asesinado el pasado 28 de febrero en la comunidad de Barra de la Cruz, en el municipio de Santiago Astata, Oaxaca. A pesar de contar con el respaldo de este sistema de protección, Castro Perea fue víctima de un atentado mortal, lo que resalta la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y la necesidad de revisar la efectividad de las medidas de seguridad ofrecidas.
Según los datos proporcionados por la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, el defensor no había reportado ningún incidente de riesgo desde su incorporación al mecanismo, lo que plantea interrogantes sobre la cobertura y los protocolos de seguridad establecidos. Ante este trágico suceso, el gobernador Salomón Jara Cruz expresó su condena y solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Oaxaca, que históricamente ha sido uno de los estados con mayor número de personas beneficiarias del mecanismo, ocupa actualmente el primer lugar con 161 personas defensoras de derechos humanos bajo protección, lo que subraya la situación de riesgo que enfrentan quienes luchan por la justicia social en la región. En cuanto a los periodistas, la Ciudad de México lidera las estadísticas con 88 beneficiarios, seguida de Guerrero y Quintana Roo.
El caso de Castro Perea ha reavivado el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas para proteger a quienes arriesgan su vida en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, y la urgencia de reforzar estos mecanismos para prevenir futuras tragedias.