CIUDAD DE MÉXICO. En una extensa jornada legislativa, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron una reforma constitucional que redefine el control del Estado sobre áreas y empresas estratégicas en el país. Con 353 votos a favor y 121 en contra, la iniciativa modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, asegurando que el sector público mantenga la propiedad y el control sobre organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

La reforma establece que el Estado tendrá control absoluto sobre el sistema eléctrico nacional, así como sobre la exploración y extracción de hidrocarburos. Además, se asegura que no se generarán monopolios en áreas como telégrafos, correos, energía nuclear y servicio de internet.

A pesar de las numerosas reservas presentadas por los grupos parlamentarios de oposición, quienes advirtieron sobre las deficiencias de la reforma y su posible impacto negativo en las finanzas públicas y las energías limpias, los legisladores oficialistas defendieron la propuesta como un retorno de la soberanía energética al pueblo mexicano. La diputada morenista Olga Sánchez Cordero destacó la relevancia histórica de la reforma, comparándola con las expropiaciones realizadas en la época de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.

Los detractores de la reforma, como el diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Adolfo de Hoyos Wualther, argumentaron que el sector público no puede asumir solo el reto eléctrico y que la reforma podría limitar la inversión privada, además de potencialmente afectar los acuerdos del T-MEC.

Con la aprobación en lo general, el dictamen ahora pasa a la discusión de las reservas y, de ser aprobado en lo particular, se enviará al Senado para su análisis y posible ratificación. La reforma promete ser un punto de inflexión en la política energética del país, con implicaciones significativas para el futuro del sector.