Hoy, un grupo de empresarios textileros oaxaqueños, previamente contratados por el gobierno estatal para la producción de uniformes escolares para estudiantes de nivel básico, se congregó frente al Palacio de Gobierno en una manifestación pacífica. Esta protesta surge tras el comunicado del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, de otorgar el contrato para la elaboración de más de 900 mil uniformes a la industria militar, con un costo estimado de al menos 170 millones de pesos.

Emilio Montero Pérez anunció públicamente la adjudicación del contrato a la industria militar, asegurando que esta decisión contaba con la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los empresarios oaxaqueños, agrupados en la organización 8 Regiones, expresaron su descontento por esta medida, señalando que durante los últimos 12 años, aproximadamente 150 empresas locales han sido responsables de la confección de los uniformes escolares en el estado.

María Dolores Dávila, representante de esta organización de textileros, habló en nombre de los manifestantes. “Nosotros hemos sido quienes durante años hemos producido estos uniformes para los estudiantes oaxaqueños. La decisión de transferir este trabajo a la industria militar es injusta y perjudicial para nuestras empresas locales”, afirmó Dávila.

Las autoridades de la Secretaría del Bienestar, Tequio e Inclusión Social se reunieron con los empresarios para abordar la situación. Sin embargo, según los manifestantes, se les informó que los uniformes serán entregados mediante vales, pero la canjeación no será realizada por ellos, sino por la industria militar.

Los empresarios textileros han anunciado su intención de buscar una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para expresar sus preocupaciones y buscar una solución a esta situación que afecta a numerosas empresas locales en Oaxaca.

Este caso sigue desarrollándose y se espera que tanto los empresarios afectados como las autoridades gubernamentales continúen negociando para encontrar una resolución satisfactoria para ambas partes.