Una extensa carta firmada por el abogado Juan Pablo Penilla González solicita al Gobierno de México la aplicación del derecho nacional sobre Estados Unidos para el retorno de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. El documento, dirigido principalmente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, argumenta que el capo fue víctima de un secuestro y no de un proceso de extradición, lo que vulneraría sus derechos bajo la legislación internacional.

El abogado de Zambada expone en su argumentación la diferencia entre extradición y secuestro, destacando que el Mayo no tiene la protección legal suficiente para evitar la pena de muerte en Estados Unidos, ya que la extradición debería regirse bajo acuerdos que solo permitan su juicio por delitos comunes entre ambos países.

El secuestro de Zambada, ocurrido el 25 de julio de 2024, fue llevado a cabo por un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien, según se afirma, lo entregó a las autoridades de El Paso, Texas, en un supuesto acuerdo con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios legales en su propio juicio. A pesar de que la acción se llevó a cabo en territorio mexicano, el gobierno de López Obrador no respondió adecuadamente a la situación, optando por una postura neutral ante el incidente.

Penilla González señala que el caso del Mayo Zambada debería compararse con el secuestro de Humberto Álvarez Machain en 1990, quien fue llevado a Estados Unidos por la DEA para enfrentar cargos relacionados con la muerte de Enrique Camarena. Álvarez Machain fue liberado años después, no por su inocencia, sino por el hecho de que su captura violó el derecho internacional.

El abogado exige que el gobierno mexicano actúe conforme a la ley para asegurar que Zambada sea regresado a México para ser juzgado según las órdenes de aprehensión vigentes. Sin embargo, fuentes no oficiales aseguran que México no solicitará el regreso de Zambada, lo que podría resultar en la solicitud de la pena de muerte por parte de las autoridades estadounidenses.

El futuro de Zambada, de 77 años, podría depender de su capacidad para negociar con Estados Unidos, revelando, según se especula, detalles sobre la relación del Cártel de Sinaloa con figuras políticas en México. La situación pone al Gobierno de México, particularmente al expresidente López Obrador, en una posición delicada ante las presiones diplomáticas y la aplicación de la justicia internacional.

El caso sigue siendo una intrincada disputa legal y política que podría sentar un precedente en la relación entre México y Estados Unidos en materia de extradiciones y derechos humanos.