Oaxaca sigue posicionándose como uno de los estados más violentos para las personas defensoras del medio ambiente en México, al registrar el mayor número de agresiones en los últimos tres años, según Carlos Asúnsolo Morales, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Acompañan a Oaxaca en esta triste clasificación los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde la violencia está vinculada a la implementación de megaproyectos, actividades mineras y otras industrias extractivas en territorios naturales.
Un reciente caso resalta la creciente amenaza a los defensores ambientales: el asesinato de Cristino Castro Perea, un defensor comunitario de 63 años, quien fue ultimado a balazos el 28 de febrero de 2024. Castro Perea formaba parte del colectivo de defensores ambientales de Barra de la Cruz, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, y había sido integrado en 2023 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debido a los riesgos que enfrentaba por su labor.
Carlos Asúnsolo explicó que, aunque el crimen organizado tiene un papel importante en estas agresiones, la violencia contra los defensores del medio ambiente está respaldada por intereses privados y públicos que se alinean con grupos criminales. A menudo, estos intereses buscan modificar los patrones sociales y económicos de los territorios en cuestión, particularmente en áreas con megaproyectos o actividades mineras.
“Muchos de los casos de violencia no se asocian con la existencia de megaproyectos en las zonas afectadas, como gasoductos, minas o la extracción ilegal de madera, que están detrás de estos intereses económicos”, subrayó Asúnsolo.
El activista señaló que la violencia contra los defensores del medio ambiente no solo pone en riesgo la vida de quienes luchan por sus territorios, sino que también favorece el sistema político y económico mexicano al facilitar la implementación de megaproyectos sin mayor oposición. “La violencia lejos de poner en riesgo al sistema político y económico, es funcional a los intereses que están detrás de estos proyectos”, afirmó.
La violencia ha cobrado, en muchas ocasiones, la vida de líderes comunitarios, especialmente aquellos pertenecientes a pueblos indígenas que defienden sus territorios y el medio ambiente. Los principales agresores incluyen tanto a las autoridades, como la Guardia Nacional, policías de diferentes niveles, como a empresas privadas que, en ocasiones, mantienen acuerdos con organizaciones criminales.
Este fenómeno demuestra una alarmante tendencia de impunidad y la necesidad urgente de garantizar la seguridad de quienes defienden los recursos naturales del país. Las cifras reflejan una preocupante realidad sobre la falta de protección efectiva para los defensores del medio ambiente en México.