En un contexto donde la democracia y la equidad son valores esenciales para el funcionamiento de un gobierno justo, el nepotismo sigue siendo uno de los mayores desafíos para la transparencia y la confianza ciudadana. Esta práctica, que favorece a familiares en la asignación de cargos políticos, empleos, contratos y beneficios, es vista como un obstáculo para el desarrollo de una democracia verdadera y sin distorsiones.
El nepotismo se erige como un sistema que favorece a los familiares de quienes ostentan el poder, creando redes de lealtades que eluden la competencia justa y limitan el acceso de los ciudadanos más capacitados y comprometidos a cargos públicos. La asignación de puestos y recursos públicos basados en relaciones familiares, y no en méritos, mina la eficacia del gobierno y genera desconfianza en las instituciones democráticas.
La democracia, como sistema político, debe garantizar igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, sin distinción de apellidos o conexiones familiares. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en un modelo de patrimonialismo político que favorece intereses personales por encima del bienestar común, lo que erosiona la confianza de la población en sus autoridades y en la misma estructura del Estado.
En este contexto, la propuesta de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Constituyente Permanente busca erradicar el nepotismo en la asignación de cargos políticos y cargos públicos. Esta reforma pretende reforzar los principios democráticos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso igualitario para todos los ciudadanos. De acuerdo con la presidenta, “el nepotismo es corrupción”, y no combatirlo sería un acto igualmente corrupto.
Sin embargo, esta reforma se enfrenta a un obstáculo significativo: los senadores de la República han aplazado la entrada en vigor de la reforma hasta 2030. Ante este aplazamiento, surgen interrogantes sobre las razones detrás de la decisión, sobre quiénes se benefician realmente de retrasar la implementación de una medida tan crucial para la integridad democrática del país.
La presidenta Sheinbaum subraya que, en un gobierno unitario donde el Ejecutivo y el Legislativo pertenecen al mismo partido, los legisladores deberían acompañar las iniciativas presidenciales sin reticencias. Para ella, las reformas tan fundamentales como la de prohibir el nepotismo no deberían modificarse ni ser postergadas por intereses políticos o personales.
La lucha contra el nepotismo, según la propuesta, no solo se trata de un combate a la corrupción, sino de un compromiso con una democracia más sólida y justa para todos los mexicanos. La reforma representa una oportunidad para fortalecer las instituciones y garantizar que el poder no se concentre en pocas manos, sino que se distribuya de manera equitativa entre todos los ciudadanos.