Organizaciones comunitarias de Oaxaca, así como de Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo, han denunciado la complicada situación que enfrentan las comunidades forestales debido a una serie de factores, entre los que destacan el esquema fiscal, el crimen organizado, el cambio climático y la deforestación.
En un reciente pronunciamiento, las comunidades señalaron que el esquema fiscal impuesto por el gobierno federal y los estados sobre las empresas forestales comunitarias genera cargas excesivas, sin tener en cuenta las particularidades de su actividad ni su objetivo social. Esto, argumentan, desincentiva las iniciativas productivas comunitarias, las cuales son esenciales para el desarrollo de estas regiones.
A esta problemática se le suma la persistente deforestación, ya que las estrategias para frenar el cambio de uso de suelo por parte de empresas inmobiliarias, agroindustriales y turísticas son insuficientes. Estas empresas continúan destruyendo manglares, rellenando humedales y talando selvas, lo que agrava la situación de los ecosistemas.
Además, las comunidades enfrentan los efectos devastadores del cambio climático, como sequías, plagas e incendios forestales, que afectan gravemente la agricultura y los ecosistemas, sin que el gobierno haya implementado una estrategia efectiva para la adaptación a estos fenómenos.
En respuesta a estos desafíos, las comunidades forestales se han organizado para combatir el crimen, frenar la tala ilegal, proteger sus tierras de las invasiones y enfrentar los despojos por parte de grandes inversores privados con proyectos mineros, agroindustriales o turísticos. Sin embargo, advierten que el apoyo gubernamental es limitado e incluso, en algunos casos, contraproducente, lo que pone a sus territorios en una situación de alta vulnerabilidad.
Ante esta grave situación, las organizaciones comunitarias han convocado a las nuevas autoridades federales a mantener un diálogo constante con los representantes ejidales y comunales, con el fin de generar insumos para la implementación de políticas forestales y agrarias que refuercen la gobernanza comunitaria, protejan la propiedad colectiva y fomenten un manejo forestal sostenible.
Entre las organizaciones que firmaron este pronunciamiento se encuentran los Pueblos Mancomunados, el Consorcio Forestal Comunitario de Oaxaca, la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), la Comunidad Indígena de Ixtlán, y muchas más que siguen luchando por la preservación de sus territorios y su forma de vida.